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Programa
del Frente Popular
(Publicado en Madrid el 15 de enero de 1936)
Los
partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana
y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la
Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de
Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y
Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar
a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer
un plan político común que sirva de fundamento y cartel
a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda
electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar
los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas
obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública
las bases y los límites de su coincidencia política,
y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes
organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente
a los intereses nacionales de la República venir a integrar,
en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente
a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como
supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados
se comprometen:
I
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos
sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran
sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará
también a aquellos de igual carácter no comprendidos
en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo
a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida
de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta
tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben,
se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá
que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones
políticas.
II
Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto
de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía
de expediente o por medio de persecución política, serán
repuestos en sus destinos.
El
Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos
en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos
por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las
corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios
públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo
directo.
Por
lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio
de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación
de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento
político social y que serán sometidos a los Jurados
Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a
la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren
sido indebidamente eliminados.
III
Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas
producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de
la autoridad y la fuerza pública en la represión la
adecuada reparación del daño inferido a las personas.
En
defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial
del Estado republicano y de su régimen constitucional, los
partidos coaligados:
Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán
reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental.
La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá
de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución
resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción
o en un interés contrarios a la salud del régimen.
Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas
por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento,
y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán
inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados
en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma
de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones
parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los
organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite
formativo de las leyes.
Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete
su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se
revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder
nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra
la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las
medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los
estados de excepción.
Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía
social, privilegio económico y posición política.
La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones
de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán
los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez
al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando
su competencia, y se rodeará de mayores garantías al
inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales,
singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se
humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos
tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.
Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública
acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar
a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta
el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá
a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de
su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y
se sancionará con la separación del servicio a todo
agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política.
El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos
y de cumplida lealtad al régimen.
Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios,
estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor
de intereses políticos o en daño del Tesoro público.
IV
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización
de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados
del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie
de medidas que se proponen la redención del campesino y del
cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de
justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción
económica nacional.
Para
la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley
de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación
y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán
a cabo una política de asentamientos de familias campesinas,
dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán
la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas
de la nobleza.
Nuestra
industria no se podrá levantar de la depresión en que
se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de
protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto
de coordinada subordinación al interés general de la
economía.
En
consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases
de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias,
exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación
de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense
en interés de la producción nacional, promoviendo el
saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas
de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su
desenvolvimiento.
V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo
como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero
método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino
como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas
fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los
empresarios.
Se
llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas
urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías
de comunicación, obras de riego o implantación de regadío
y transformación de terreno.
Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación
legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra,
su buena administración y la contribución a la misma
de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos
no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación
obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las
que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas
y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de
cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también e]
cometido esencial de absorber e] paro.
VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño
de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles
como las del crédito no se pueden forzar por métodos
de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones
provechosas y empleo remunerador.
No
aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización
de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo,
que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si
ha de cumplir la misión que le está encomendada en la
reconstrucción económica de España. Como mera
enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:
Dirigir
el Banco de España de modo que cumpla su función de
regular el crédito conforme exija el interés de nuestra
economía, perdiendo su carácter de concurrente de los
Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
Someter
la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez.
Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan
su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda,
se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor
flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución
de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito
público en finalidades de consumo.
VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una
República dirigida por motivos sociales o económicos
de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado
por motivos de interés público y progreso social. Pero
precisamente por esa decidida razón, la política republicana
tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los
trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés
general de la producción, sin reparar, fuera de este tope,
en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios
sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos
el control obrero solicitado por la representación del partido
socialista. Convienen en:
Restablecer
la legislación social en la pureza de sus principios.
Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.
Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo,
verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.
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