LA TERCERA REPÚBLICA

La Segunda República española

Fragmentos de “Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca”, de Ian Gibson.

Transcripción y acotaciones de Antonio Tausiet, 2010.

[El historiador socialista irlandés Ian Gibson terminó en 1989 y revisó en 1997 su biografía de Lorca, en cuya segunda parte se van relatando los avatares políticos de la Segunda República española, puestos en relación con la trayectoria del poeta. La necesidad de síntesis histórica que obliga a un biógrafo y la apuesta ideológica decidida de Gibson por los valores democráticos me han impulsado a transcribir los párrafos que siguen, con unas mínimas anotaciones (siempre entre corchetes). Hoy, ocho décadas después de aquellos acontecimientos, todavía tienen tribuna pública y poder de convicción los que calumnian sin vergüenza aquel brillante momento histórico, enemigos de la libertad, la justicia y los Derechos Humanos, llegando a culpar a aquellos gobiernos democráticos del golpe de estado de Franco y la guerra que le siguió. Aún más terrible es ver cómo, en aras de una supuesta concordia neutral, gentes que no pertenecen a la ultraderecha siguen equiparando a las víctimas de los dos bandos de la guerra que organizaron los fascistas para acabar con la República y sus valores. Y desalentador sin duda, comprobar que los desalmados franquistas no sólo siguen dando voz a los calumniadores, sino que continúan manejando los resortes del poder en España, evitando que se condenen sus crímenes, que se restablezca de una vez el sistema legal, que se haga efectiva la división Iglesia-Estado o que se elimine la monarquía designada por la dictadura].

[1930]

La situación política de España cambia espectacularmente de signo con la caída, el 28 de enero de 1930, del dictador Miguel Primo de Rivera, después de siete años en el poder. Toma el relevo un general más moderado, Dámaso Berenguer, que promete convocar elecciones generales.

Se están viviendo momentos de gran incertidumbre, y Alfonso XIII va perdiendo rápidamente el apoyo de sus súbditos, incluido el de los propios monárquicos. Los republicanos, por su parte, están convencidos de que llegará pronto su momento.

El 17 de agosto se alcanza un acuerdo, en el llamado Pacto de San Sebastián, entre los varios grupos políticos -menos el anarquista- comprometidos a trabajar por la caída del régimen.

Son días políticamente turbulentos. En las primeras horas del 12 de diciembre un grupo de oficiales republicanos implicados en el complot contra el régimen monárquico, régimen más impopular de día en día, protagoniza en Jaca una rebelión prematura, anticipándose a los planes del Comité Nacional. La insurrección se sofoca fácilmente, y después de un consejo de guerra sumarísimo son condenados a muerte los capitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández. Las ejecuciones se llevan a cabo con una rapidez casi obscena, en la madrugada del domingo 14 de diciembre, antes de que el país se haya enterado bien de lo ocurrido.

El día siguiente, 15 de diciembre de 1930, los conspiradores republicanos se levantan en Madrid. Pero a las autoridades, curadas en salud, les cuesta poco esfuerzo aplastar a los insurrectos, deteniéndose a muchos oficiales antimonárquicos, sindicalistas y políticos de izquierdas. Entre los últimos se encuentran el líder socialista Francisco Largo Caballero, el futuro presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, y Fernando de los Ríos [futuro ministro socialista en la Segunda República]. El levantamiento ha fracasado, pero está claro que la monarquía ya se tambalea.

[1931]

Desde el fallido golpe republicano de diciembre la temperatura política del país ha ido subiendo. El 8 de febrero de 1931 el general Berenguer repite que va a haber elecciones a Cortes. Seis días más tarde dimiten él y su consejo de ministros. El 18, el rey Alfonso XIII invita al almirante Juan Bautista Aznar a formar nuevo gobierno. Éste declara que honrará la decisión del gobierno anterior de convocar elecciones. Pero pronto, sin embargo, empieza a rumorearse que no serán elecciones a Cortes sino municipales. Ello se confirma el 14 de marzo, cuando por fin se hace pública la fecha de la consulta. Los comicios se celebrarán el domingo 12 de abril.

El domingo 12 de abril de 1931 hace buen tiempo en casi toda España, y la gente acude masivamente a las urnas. Aquella noche se conoce el resultado: los republicanos han ganado. Esperando quizá evitar la guerra civil, el rey Alfonso XIII abandona inmediatamente el país. Dos días más tarde, sin que haya habido que lamentar la pérdida de una sola vida, se proclama la Segunda República. La monarquía ha caído como una manzana podrida y, casi increíblemente, la posibilidad de una nueva España democrática ha dejado repentinamente de ser un sueño para convertirse en realidad.

La batalla tal vez más importante que tendría que librar la República concernía a la enseñanza primaria y secundaria, dominadas desde hacía siglos por la Iglesia. Los hombres de la nueva España estaban decididos a acabar con aquel monopolio y a crear un sistema de instrucción pública capaz de hacer frente al enorme reto planteado por el retraso del país en este terreno. [La Constitución republicana prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza]. En 1931, un tercio de una población de 25 millones era analfabeto, y los republicanos calculaban que había que crear 27.150 escuelas nuevas. El gobierno provisional puso inmediatamente en marcha un plan quinquenal para tratar de cubrir esa necesidad. La meta era de 7.000 escuelas durante el primer año y de 5.000 durante cada uno de los cuatro siguientes. Se alcanzó el objetivo del primer año; en 1932 se abrieron 2.580 escuelas; y en 1933, antes de que la derecha accediera al poder en noviembre, 3.990. Proeza gigantesca, toda vez que a lo largo de los treinta años de monarquía tan sólo se habían inaugurado 11.128.

No se trataba sólo de abrir escuelas. También había que mejorar el nivel intelectual de los maestros, muy mal pagados, y de manera especial la situación de los de primera enseñanza. Se elevaron en un 50% los salarios y se crearon 5.000 nuevas plazas.

El celo reformador de los republicanos no se limitaba, por supuesto, a la enseñanza. Entre las otras medidas introducidas, se legalizaría el divorcio, habría separación de Iglesia y Estado, se propulsaría la reforma agraria, se secularizarían los cementerios y los hospitales y se reduciría el número de órdenes religiosas. Lo malo era que la llegada de la República coincidía con una aguda crisis económica que dificultaba mucho las posibilidades de los nuevos gobernantes. [La llamada “Gran Depresión”, que partió de 1929 y se prolongó durante la década de los años 30 en todo el mundo].

La reacción de la Iglesia ante el talante progresista de los republicanos fue hostil e inmediata. El 7 de mayo de 1931, apenas tres semanas después de la proclamación de la República, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, atacó duramente en una carta pastoral la reformas propuestas, refiriéndose a la peligrosa amenaza que suponían éstas para los “derechos” de la Iglesia, e instando a las mujeres españolas a organizar una campaña de oraciones para contrarrestar tan deleznables designios. Recordó lo ocurrido en 1919 en Baviera, cuando intervinieron los católicos para “salvar” el país de una efímera ocupación bolchevique, dando a entender con ello que la recién inaugurada República era prácticamente comunista, lo cual era una ridícula tergiversación de la situación real. Era evidente que, al abogar por un Estado laico, los republicanos habían intranquilizado profundamente a la jerarquía católica, temerosa de perder sus privilegios.

El 11 de mayo, cuatro días después del ataque del cardenal Segura, fueron quemados en Madrid seis conventos y un edificio de los jesuitas. No se supo nunca qué mano había empujado a los incendiarios, y no se puede descartar la intervención de agentes provocadores. En cualquier caso el resultado fue el mismo: la derecha disponía ya de un argumento de peso contra los republicanos, y pronto se endurecería la oposición católica al nuevo régimen. La situación se hizo mucho más tensa cuando, el 3 de junio, los obispos españoles publicaron una carta colectiva de protesta.

Son días de intenso entusiasmo democrático mientras las Cortes salidas de las urnas a finales de junio elaboran a marchas forzadas la Constitución de la República. [El 28 de junio de 1931 se celebran Elecciones Generales y el PSOE es el partido con más diputados].

El 16 de octubre de 1931 Manuel Azaña es nombrado primer ministro. Azaña es de una inteligencia fuera de lo corriente, con grandes dotes de orador y de escritor. No tardará en convertirse, con Fernando de los Ríos, en uno de los políticos republicanos más odiados por la derecha. [El 11 de diciembre es elegido presidente de la república el derechista Niceto Alcalá-Zamora].

[1932]

El 10 de agosto de 1932 se produjo en Sevilla el fracasado golpe del general monárquico José Sanjurjo. El alzamiento se sofocó sin dificultades, pero el acontecimiento demostró que la República tenía poderosos enemigos que estaban trabajando para su desaparición.

[1933]

Dos acontecimientos, uno nacional y otro internacional, acaparan las primeras planas de los periódicos españoles a principios de 1933: la matanza de Casas Viejas y la llegada al poder de Adolf Hitler.

Casas Viejas (hoy Benalup de Sidonia) es un pueblo de la provincia de Cádiz perteneciente al duque de Medina Sidonia donde, el 11 de enero de 1933, unos quinientos braceros anarquistas, hartos de vivir en condiciones infrahumanas, proclaman el comunismo libertario. Rodeada la casa-cuartel de la odiada Guardia Civil, caen muertos en la refriega un sargento y un guardia. Las órdenes de la Dirección General de Seguridad en Madrid son tajantes: hay que reprimir aquello inmediatamente. El 12 de enero llega al pueblo un fuerte contingente de Guardia Civil y de Guardia de Asalto, del cual toma el mando, enviado desde Madrid, el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigespán. Por orden de éste se incendia la choza donde se han refugiado un grupo de anarquistas que se niegan a entregarse. Sólo dos hombres se libran de las llamas, y son abatidos por una ráfaga de metralleta. Al día siguiente, el capitán Rojas ordena fusilar a doce personas.

La matanza se convierte en la cuestión política más candente del momento. ¿Es verdad que el primer ministro, Manuel Azaña, dio la orden de “tiros a la barriga”? Dada la personalidad del mismo parece imposible, pero el rumor, propagado por la derecha, adquiere pronto categoría de hecho. Durante las siguientes semanas lo ocurrido en Casas Viejas se aclarará con una lentitud políticamente suicida. Se abre una investigación parlamentaria y, el 7 de marzo, Azaña, engañado en un primer momento por la policía, informa a las Cortes de que ha habido ejecuciones ilegales. El director general de Seguridad, Arturo Menéndez, es procesado, y al capitán Rojas, que dice haber obedecido órdenes de éste, se le condena a veintiún años de prisión.

Casas Viejas daña inevitablemente al Gobierno, pese a la decisión de éste de someter a juicio a los culpables. Y a lo largo de los próximos meses la derecha no perderá una sola ocasión para utilizar el desgraciado episodio como arma arrojadiza contra Azaña, que caerá poco después.

Los periódicos republicanos y de izquierdas, viendo con inquietud el vertiginoso crecimiento del fascismo en Alemania, con todo el poder en manos del Partido Nacionalsocialista, no se hacen ilusiones con respecto a lo que ocurre entre bastidores en España, donde la derecha, alentada por la caída de la República de Weimar (en cuya constitución se ha basado la española), está urdiendo en estos momentos la destrucción de la democracia.

El fascismo español está tomando indudable cuerpo, estimulado por la consolidación de los regímenes alemán e italiano. El 16 de marzo de 1933 aparece en Madrid el primer número de una nueva revista, El Fascio . Uno de los colaboradores es José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, que en estos momentos está creando el partido fascista que cristalizará pocos meses más tarde como Falange Española.

El 29 de octubre de 1933, en la campaña para las elecciones a Cortes que tendrán lugar el 19 de noviembre, José Antonio Primo de Rivera celebra el mitin inaugural de Falange Española, partido fascista basado más sobre el modelo italiano que el alemán, en momentos en que los diferentes grupos conservadores se unen para formar una gran coalición liderada por José María Gil-Robles, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Entretanto, las muchas diferencias que existen entre los distintos partidos republicanos y de izquierdas hacen imposible una coalición de las fuerzas progresistas; los anarquistas, negándose a reconocer el Estado, anuncian su intención de abstenerse; y, dadas las provisiones de la nueva Ley Electoral, que favorece a las grandes agrupaciones, parece no sólo posible sino probable la victoria de las derechas, como así sucede. Es, nada más y nada menos, un desastre para la democracia.

[1934]

La avanzada legislación de los dos primeros años de la república se va recortando poco a poco y la derecha ha reinstaurado la pena de muerte, decisión que asquea a los progresistas. En abril de 1934, el general Sanjurjo, que en 1932 había maquinado el abortado alzamiento contra la República, será eximido de toda culpa por el gobierno, al igual que José Calvo Sotelo, ministro de Finanzas de Primo de Rivera, que durante su exilio en París se ha familiarizado con las ideas corporativistas de Charles Maurras y que, poco después de su regreso, fundará un grupo monárquico ultraderechista. El partido católico de Gil-Robles se está volviendo más agresivo y tiene una sección juvenil con claros ribetes fascistas. En cuanto a la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, recurre con cada vez mayor insistencia a tácticas intimidatorias de inspiración hitleriana. Mientras día a día llegan noticias de las brutalidades del régimen nazi, España se va dividiendo cada vez más entre demócratas y antidemócratas.

El 1 de octubre de 1934 cae el gobierno conservador al verse privado del respaldo de la CEDA, la coalición liderada por Gil-Robles, que durante diez meses lo ha apoyado pese a no disponer de ninguna cartera. Gil-Robles insiste ahora en tener una representación en el nuevo gobierno, y el presidente de la República, Alcalá Zamora, que desconfía con razón de la sinceridad democrática del líder cedista, no tiene más remedio que ceder. La CEDA obtiene tres ministerios vitales: Agricultura, Trabajo y Justicia. La reacción de la clase trabajadora es prácticamente unánime: la presencia de ministros de la CEDA en el Gobierno puede significar el inicio de la conquista del poder según el precedente establecido en Alemania por Hitler. Hay que hacer algo, y ya.

Los sindicatos convocan una huelga general revolucionaria para el 4 de octubre, que es secundada irregularmente en toda España pero de forma masiva en el País Vasco, Cataluña y, de manera especial, Asturias, donde los mineros toman Oviedo y se preparan a resistir hasta el último momento. De hecho aguantan hasta el 15 de octubre, cuando los aplastan unidades del ejército africano que han desembarcado en la costa norte. [La dirección de las operaciones militares le fue encomendada al general Francisco Franco]. La represión es brutal, y hay miles de prisioneros. Todo ello dejará un recuerdo imborrable en la población.

En Barcelona, el presidente Companys había proclamado, el 6 de octubre, la “República Catalana dentro de la República Federal Española”. La aventura sólo duró diez horas. Manuel Azaña, que por casualidad se encontraba en la capital catalana en aquellos momentos, fue detenido y acusado de complicidad en la rebelión, lo cual, dado el carácter de Azaña, era del todo imposible. La inocencia de Azaña no será admitida por el Gobierno hasta el 6 de abril de 1935.

Los acontecimientos de octubre, y sobre todo el conato separatista catalán, constituyeron una buena baza en manos de la derecha. El 7 de octubre José Antonio Primo de Rivera, ya jefe indiscutible del fascismo español, había participado en una demostración masiva ante el Ministerio del Interior, en la Puerta del Sol. Para Primo de Rivera, no había que darle vueltas a lo que estaba ocurriendo: la “sagrada unidad” de España estaba siendo amenazada por una siniestra conspiración marxista-judía organizada desde Moscú, y era el deber sagrado de todo español bien nacido oponerse a tan nefandos designios. En cuanto a Falange Española, Primo de Rivera estaba satisfecho del papel desempeñado por la organización en la represión de los rebeldes. En Oviedo y Gijón, los falangistas habían luchado codo con codo con los militares y habían perdido a cinco hombres, cinco “mártires” de la causa “nacional”.

[1935]

Desde hace meses los republicanos están convencidos de que en cualquier momento puede producirse un golpe de Estado de la ultraderecha. El temor parece justificado cuando, el 6 de mayo, José María Gil-Robles, jefe de la CEDA, es nombrado ministro de la Guerra. Gil-Robles, una de cuyas obsesiones consiste en fortalecer el ejército para hacer frente a una posible revolución marxista, nombra jefe del Estado Mayor al joven general Francisco Franco, gesto deplorado por los progresistas en vista de la fama de enemigo de la democracia de que goza dicho militar. Gil-Robles hace otros nombramientos igualmente suspicaces. Durante los meses siguientes, su ministerio llevará a cabo una purga implacable de conocidos elementos liberales e izquierdistas del ejército, lo cual añadirá leña al fuego.

En octubre de 1935, el Partido Radical, que compartía el poder con la CEDA de Gil-Robles, estaba involucrado en el escándalo del “estraperlo” (se trataba de la licencia concedida por el gobierno a una variante fraudulenta de ruleta así llamada). Al conocerse los pormenores de la estafa, caen varias cabezas, entre ellas la del primer ministro, Alejandro Lerroux, uno de cuyos sobrinos está al parecer implicado en el fraude. La CEDA quiere beneficiarse de las dificultades de sus colegas en el Gobierno, esperando sin duda acaparar todo el poder. Y en esa situación tan tensa, con las disensiones internas de la derecha expuestas a la vista de todos, se empieza a rumorear que habrá pronto elecciones a Cortes.

Mussolini había invadido Abisinia. Entretanto, con ese telón de fondo y la creciente beligerancia de la Alemania de Hitler, se está extendiendo por toda Europa el miedo a una nueva conflagración bélica. En España, donde la situación política se deteriora de día en día, se han suspendido las sesiones de Cortes hasta el 1 de enero de 1936. El día 7 se disuelve la Cámara y se anuncian nuevos comicios para el 16 de febrero.

En esta situación preelectoral se levanta la censura de prensa y, por vez primera desde los acontecimientos de octubre de 1934, se empiezan a publicar en los periódicos detallados informes sobre los sucesos de Asturias, Cataluña y Euskadi. Todavía se cuentan por millares los presos políticos, y de día en día crece el clamor popular para su liberación. Al mismo tiempo se rumorea que se va a formar un Frente Popular electoral, de características semejantes al francés, para hacer frente en las urnas a las derechas. En cuanto a éstas, monárquicos, fascistas y conservadores van ampliando ahora sus contactos y consultas con vistas a la creación de un Frente Nacional. Los periódicos de izquierdas hablan de “la recuperación de la República” y se inventa la etiqueta de “bienio negro” para describir los años en el poder de las derechas.

[1936]

Al no haber sabido formar una coalición de base amplia los progresistas habían perdido las elecciones en noviembre de 1933, con consecuencias desastrosas para la democracia. Ahora, dos años después, ante la proximidad de la nueva convocatoria el 16 de febrero, era evidente que no había que cometer el mismo error. Durante el verano de 1935 la Internacional Comunista había optado por una política de colaboración con los partidos democráticos. Ello facilitó que el 15 de enero de 1936 se pudiera crear el Frente Popular (sólo se negaron a participar los anarquistas) con un programa netamente definido: vuelta a la política religiosa, educativa y regional de los primeros años de la República; reforma agraria eficiente y rápida; y amnistía inmediata para los treinta mil prisioneros políticos que seguían en la cárcel a raíz de los acontecimientos de 1934.

Las cinco semanas de campaña electoral se desarrollaron en un ambiente extraordinariamente tenso. José María Gil-Robles era aupado por la derecha como una especie de Mussolini español que, si obtenía el poder -y Gil-Robles no dudaba de que lo obtendría- pondría el país a salvo de la Revolución Roja. En cuanto a los falangistas, ya habían empezado a prepararse para la guerra civil que consideraban inminente.

El domingo 16 de febrero de 1936, España acude a las urnas. Los resultados dan una estrecha victoria al Frente Popular, pero, debido a las provisiones de la Ley Electoral, que adjudica automáticamente al bando victorioso una representación parlamentaria proporcionalmente más elevada, el Frente Popular obtiene 267 escaños en las nuevas Cortes frente a los 132 de la derecha (exactamente lo contrario de lo que había ocurrido en 1933). Los republicanos están eufóricos, y la primera decisión tomada por el nuevo gobierno es indultar a los presos políticos. Las escenas a la salida de las cárceles son delirantes.

El triunfo del Frente Popular siembra el terror entre las clases adineradas, que ven la amenaza de la revolución marxista a la vuelta de la esquina. Ante el manifiesto fracaso electoral de Gil-Robles, se produce, entre personas antes más moderadas, un notable viraje hacia la extrema derecha, y Falange Española ve notablemente engrosadas sus filas. Con ello habrá un incremento de provocaciones, asesinatos y represalias.

Falange Española, de hecho, monta ahora una campaña de acción directa cuyo objetivo específico es multiplicar el caos a lo largo y ancho del país y hacer inevitable un golpe de Estado para “salvar la patria”. Así las cosas, son detenidos, el 14 de marzo, varios líderes falangistas, entre ellos José Antonio Primo de Rivera. Cuatro días más tarde Falange Española es declarada fuera de la ley. Esta decisión del gobierno tiene el efecto de radicalizar aún más a la derecha, al igual que la declaración del estado de excepción, que otorga poderes especiales a la policía y será renovada mes tras mes tras el estallido de la guerra en julio. ¿Y la democracia, qué? Pueden mofarse ahora los que se están dedicando a destruirla. Entre bastidores la conspiración militar contra la República cobra nueva vida. Y mientras cada vez más jóvenes de clase media ponderan ingresar en la Falange, el 1 de abril de 1936 se fusionan las organizaciones juveniles comunista y socialista para formar la JSU (Juventudes Socialistas Unificadas). El terreno medio, el de las soluciones de compromiso y del diálogo, se va esfumando.

El 1 de mayo, en Madrid, las Juventudes Socialistas Unificadas salen masivamente a la calle para mostrarles a los fascistas con quiénes se las tienen que ver. El Partido Socialista Obrero Español está ya trágicamente dividido entre los seguidores del moderado Indalecio Prieto y los del prácticamente revolucionario Francisco Largo Caballero. A pesar de haber apoyado el programa electoral del Frente Popular, el partido se ha negado a participar en el nuevo gobierno al igual que los anarquistas -error que se demostrará fatal-, y despilfarra sus energías en una guerra civil dentro de sus propias filas. Todo ello mientras los enemigos de la democracia ultiman sus planes para acabar con la República.

La violencia crece en todo el país. El 7 de mayo los fascistas asesinan a un oficial republicano, el capitán Faraudo, conocido instructor de las milicias socialistas. El día siguiente el ex ministro Álvarez Mendizábal, que ha criticado al ejército, casi pierde la vida en un atentado. El entierro de Faraudo, el 10 de mayo, se convierte en una tensa manifestación política en la que se pide venganza y hay insultos y puños cerrados.

El mismo 10 de mayo se celebran elecciones para la presidencia de la República, necesarias porque las Cortes del Frente Popular acaban de destituir a Niceto Alcalá-Zamora, acusado de haber apoyado políticas derechistas durante el “bienio negro”, con la coartada de que ha disuelto dos veces el parlamento, proceder que según la Constitución conlleva la destitución automática. Se elige sucesor a Manuel Azaña, quien pide al moderado y carismático líder socialista Indalecio Prieto que forme nuevo gobierno. Prieto está dispuesto a aceptar el reto, pero el dividido PSOE se niega. Es un error político gravísimo porque Prieto, como buen periodista que es, conoce a todo el mundo en España y está muy al tanto de lo que está pasando en el estamento militar. Se trata, probablemente, del único político progresista capaz de hacerse cargo de una situación que exige firmeza, tacto y pragmatismo. Con su negativa, el PSOE casi garantiza de antemano la inviabilidad del nuevo gobierno, tenga éste el color que tenga. Viendo frustrados sus planes, Azaña nombra primer ministro a Santiago Casares Quiroga, que pertenece a su propio partido, Izquierda Republicana. Casares no es ni mucho menos el hombre idóneo en estos momentos tan sumamente peligrosos: enfermo, testarudo, arrogante y agresivo a la hora de debatir, se niega metódicamente a escuchar lo que le dicen o a tomar en serio la información que recibe a diario sobre la conspiración militar. Cuando estalle la rebelión no sabrá qué hacer y se derrumbará en pocas horas como un fantoche.

La noche del domingo 12 de julio la situación en la capital se hace explosiva cuando unos pistoleros asesinan al teniente José Castillo, de la Guardia de Asalto. Desde hace meses Castillo, antifascista militante, ha sido objeto de amenazas de muerte y sabe que van a por él. Ahora lo han conseguido. En las primeras horas de la madrugada los compañeros de Castillo se toman una venganza atroz, asesinando a José Calvo Sotelo, jefe de la oposición ultraderechista en las Cortes, y abandonando su cadáver en el cementerio municipal, donde no será identificado hasta transcurridas varias horas. Calvo Sotelo es el mártir que necesitan los conspiradores, y aún más en vista de que han participado en el asesinato, como se comprueba enseguida, hombres uniformados, lo cual permite a la derecha presentar la monstruosidad como crimen de Estado. A partir de este momento numerosos militares que todavía dudaban deciden unirse a los rebeldes. El asesinato de Calvo Sotelo será utilizado más adelante para justificar la rebelión, aunque de hecho los planes ya estaban a punto antes de que se consumara aquella muerte brutal.

La noche del 17 de julio de 1936 se ha iniciado en el Marruecos español la temida revuelta antirrepublicana, y la mañana del 18 el general Franco lanza desde las emisoras de Canarias y de Marruecos el llamamiento con el que anuncia el Movimiento Nacional y pide la colaboración de todos los “españoles patriotas”. ¡Franco está con los traidores! ¡Una vez más España va a ser “salvada” por los militares! Nadie puede dudar de la gravedad de lo que está ocurriendo. Sin embargo, en Madrid, el primer ministro Casares Quiroga parece incapaz de reaccionar con energía, y mientras los boletines gubernamentales insisten en que la situación está bajo control el general Gonzalo Queipo de Llano, niño mimado de la República y ahora su enemigo acérrimo, consigue, esta misma tarde del 18 de julio, hacerse con el mando de la guarnición de Sevilla, la más importante de Andalucía. Al caer la noche las fuerzas rebeldes han ocupado el centro de la ciudad y se está preparando el asalto a los barrios obreros. Radio Sevilla es una de las más potentes de España, y el carismático Queipo de Llano decide sacar el máximo partido de tal circunstancia. Las alocuciones nocturnas del general -alucinante mezcla de mentiras, violentas amenazas, humor negro y sed de venganza- se harán pronto famosas y se escucharán con el aliento cortado en ambas zonas.

El primer ministro Casares Quiroga da órdenes tajantes de no entregar armas a las organizaciones de izquierda. Esa misma noche dimite, y mientras el republicano moderado Diego Martínez Barrio trata desesperadamente de formar un nuevo gabinete para negociar una tregua con los rebeldes, se sigue manteniendo la orden de no repartir armas entre las masas. Como es lógico, los republicanos quieren por encima de todo combatir el alzamiento con medios legales, considerando que, una vez armadas las organizaciones de izquierdas, puede sobrevenir la más absoluta anarquía y el derrumbe de las instituciones democráticas. Primero, pues, hay que hacer todo lo posible por llegar a una solución negociada con los sublevados. Pero éstos se niegan. Como dirá Franco unos días más tarde a un corresponsal inglés, Jay Allen, si hay que eliminar a la mitad de la población española para ganar lo que es ya una guerra civil en toda regla, está dispuesto a hacerlo.

Ante la negativa de los socialistas a cooperar, los esfuerzos de Martínez Barrio para formar un gobierno de coalición se vienen abajo, de modo que el que anuncia a las cinco de la madrugada del 19 de julio nace ya cadáver (no hay tampoco representación comunista o anarquista). El pánico, el miedo y la rabia, alentados por la noticia de que otras guarniciones se han sumado a los rebeldes, se apoderan ahora de la clase obrera madrileña, que rechaza unánimemente al nuevo gobierno, que además sigue con la política de no distribuir armas. Unas horas más tarde Martínez Barrio dimite, tomándole el relevo un Ejecutivo encabezado por José Giral, amigo de Azaña, con plena representación de los partidos de izquierdas y con el compromiso explícito de armar al pueblo. [Tras tres años de combates, Francisco Franco gana la guerra y permanecerá cuatro décadas en el poder como dictador fascista. Casi otras cuatro décadas después, la sociedad española aún se resiente y no ha podido librarse todavía del franquismo].